Para proteger a las mujeres desde el Estado, no es necesario seguir sancionando leyes cuando falta implementar las que ya están vigentes. Ya pasaron 4 años desde la sanción de la Ley 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y aun hay artículos que no se cumplen por falta de desarrollo de herramientas operativas para hacerlos efectivos. No hay mejor acción que llevar adelante políticas públicas que acompañen las leyes vigentes, como desburocratizar los pedidos de ayuda, escuchar policial y judicialmente a las mujeres y brindar protección integral.
En sus artículos 16 y 24 la Ley establece claramente quienes pueden realizar la denuncia y también contempla la obligatoriedad de brindar a las mujeres protección judicial urgente y preventiva (determinar medidas de exclusión del hogar por ejemplo). Porque decimos que esto debe ser urgente? porque no hay que esperar que se realicen 15 denuncias, con una debe ser suficiente y preventiva porque puede salvarle la vida a la mujer y a sus hijos/as.
Un Estado que tiene una de las mejores leyes para la erradicación de la violencia contra las mujeres debe asignar presupuesto para la puesta en marcha de las acciones que la acompañan en todo el territorio nacional. Declarar la Emergencia Nacional en materia social contra la violencia de género es una manera de trabajar en red con los organismos competentes asignando recursos, brindando herramientas y dar una vuelta más a la rueda que pone en marcha la Ley 26.485 en su totalidad.
FJL
